En una operación de la Policía Nacional en la que han participado Europol, Eurojust y la Fiscalía Especial contra la Criminalidad Informática, se ha procedido a desmantelar a uno de los mayores distribuidores ilegales de señal por IPTV (Televisión por IP-Internet) de toda Europa que emitían hasta 1000 canales de pago a sus clientes de forma ilegal a través de dos ISP (Empresas Proveedoras de Servicios de Internet). Os damos todos los detalles tras el salto.

Agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo una operación conjunta con Europol, Eurojust y la Fiscalía Especial contra la Criminalidad Informática, para desmantelar a uno de los mayores distribuidores de IPTV ilegal de Europa. En la operación se han realizado 12 registros entre España y Bulgaria, deteniendo a 8 personas por “distribuir ilícitamente cerca de mil canales de pago por medio de dos ISP”.

1000 canales de pago por Internet de forma ilegal

La investigación se inició a raíz de la denunciar de un representante de “The Football Association Premier League” contra un ciudadano de Dinamarca que vivía por aquel entonces en nuestro país. Este era el dueño de uno de los proveedores de Internet más importantes de la ciudad de Málaga, a través del que distribuía la señal de forma ilegal.

Se estima que llegó a emitir 1000 canales de pago codificados de forma ilícita, contando con miles de clientes en diferentes países de la Unión Europea. Sus conocimientos técnicos y la importante infraestructura en su poder, le permitían ofrecer un servicio con una calidad similar al de los operadores legales (véase Movistar o Vodafone por poner un ejemplo).

Sin embargo, se comprobó que este ISP no era el único implicado en la distribución ilegal de canales de televisión. Esta misma persona contaba con otra empresa similar, una proveedora de Internet, en la ciudad búlgara de Silistra, con el que daba cobertura a otros países europeos.

La forma de actuar de ambas empresas era el mismo y pasaba por utilizar su potencia técnico y prestigio como operadores para llevar a cabo el delito de emitir de forma ilegal canales de televisión de pago para los que no tenían derecho. Incluso se reservaban la potestad de elegir a qué clientes prestarles el servicio.

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