La controvertida y polémica Ley de Seguridad Ciudadana o la Ley Mordaza, volverá a centrar a lo largo de la semana el debate en el seno del Congreso de los diputados. Con dos iniciativas sobre la mesa, la Ley podría ser derogada o reformada. En los más de dos años que ha estado en vigor, no ha dejado a nadie indiferente y las críticas hacia la misma han venido de todos los lugares y estamentos.

La Ley de Seguridad Ciudadana regresa al Congreso en una semana clave para su futuro. No obstante, las cosas no son tan sencillas como en otras ocasiones debido a la existencia de dos iniciativas distintas. Por un lado, el PSOE quiere volver a la norma de 1992 y el PNV propone cambios en la actual para modificar los aspectos “más lesivos” para los ciudadanos, pero sin llegar al extremo de derogarla.

¿Derogación o reforma? ¿Qué va a pasar con la Ley Mordaza?

La Ley Mordaza entró en vigor el 1 de julio de 2015, por lo que recientemente ha cumplido dos años. La oposición en bloque se mostró contraria a su llegada, pero en aquel momento, no tenían poder en el Congreso para evitar su aprobación. Desde entonces, su eliminación siempre ha sido una promesa de los grupos contrarios al Partido Popular.

Al perder la mayoría parlamentaria, la oposición puede seguir adelante con sus planes. Todo, salvo el PP, coinciden en señalar que ha llegado el momento de corregir los excesos de una Ley que consideran tremendamente injusta y que está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Por ello, tenemos sobre la mesa dos propuestas que buscan sacar adelante una nueva norma que ponga de acuerdo a todos los partidos. Varias fuentes consultadas por Efe, como PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y ERC, creen que el diálogo es lo más importante en estos momentos. El PP, por su parte, está abierto a negociar retoques, aunque vaticina que no será sencillo realizar cambios.

“La ley trata asuntos muy delicados para la seguridad en un momento en que ésta debe ser muy protegida porque estamos un nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista. Hay que ver muy bien qué se cambia, cómo se cambia y si ese cambio consigue una norma más o menos garantista”, defiende el PP.

Sea como fuere, existe el problema de contar con dos iniciativas con fines totalmente diferentes. Los grupos están algo divididos entre ellas, aunque no descartan que finalmente se termine trabajando únicamente en una de ellas para mayor celeridad y agilidad de la tramitación.