La lucha contra las IPTV ilegales en el viejo continente está en marcha desde hace ya unos meses, tal y como os hemos venido informando, de hecho en estos momentos hay más de 150 funcionarios encargados de la aplicación de la ley pertenecientes a países tales como Italia, Suiza, Alemania o España, que se han coordinado para desmantelar una gran operación de IPTV piratas.

Hablamos de fuentes de canales de televisión ilegítimas que se encontraron en varias empresas, locales comerciales, e incluso hogares de usuarios individuales, por lo que docenas de lugares fueron blanco de las fuerzas del orden de estos países.

En concreto la investigación se centró en 49 sospechosos, cinco de los cuales fueron detenidos y puestos bajo custodia. Y es que hay que tener en cuenta que mientras que hasta ahora los sitios streaming de torrents eran el foco de atención de los titulares de los derechos de autor y grupos asociados, tras la llegada de los descodificadores, las operaciones contra IPTV piratas son noticia cada vez con más frecuencia, ya que su crecimiento es constante.

De este modo, en una nueva operación coordinada por la fiscalía de Roma, estos agentes han abordado esta semana a lo que parece ser un proveedor de IPTV no autorizado bastante grande. Así, con el nombre de “Operación Spinoff“, solo en Italia se han llevado a cabo más de 50 localizaciones, operaciones coordinadas con la policía sueca, alemana y española. Además, por medio de las investigaciones tecnológicas realizadas, se ha podido saber que esta era una actividad de estructura piramidal criminal, dedicada al descifrado ilegal y a la difusión de contenidos televisivos IPTV a través de Internet.

Los operadores y usuarios de servicios IPTV ilegales, de nuevo bajo sospecha

Las fuentes estaban ubicadas en una amplia gama de regiones y lugares como empresas, locales comerciales, garajes e incluso casas particulares, lugares en los que se han encontrado equipos para recibir, descifrar y capturar señales de emisoras legítimas. Estas señales se recogían para formar parte de un paquete de canales que se transmiten a través de Internet en forma de abono a IPTV ilegal, cuyo precio oscilaba entre 15 y 20 euros al mes.

Por lo tanto, se estima que entre las 49 personas implicadas en la operación, se generó alrededor de un millón de euros, todos ellos sospechosos de infracciones relacionadas con los derechos de autor y delitos de blanqueo de dinero. Aquí entran en juego desde los encargados de descifrar las señales, hasta los vendedores de los contenidos a los usuarios finales, usuarios individuales que en algunos casos también están bajo sospecha.