La tasa Google es uno de los principales motivos de enfrentamiento entre Europa y las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos. Francia ha llegado a un acuerdo con Estados Unidos para el cobre del impuesto, y en España el PSOE sigue empeñado en introducirlo. Sin embargo, esta acción ha de ser coordinada, y la OCDE ha publicado el primer documento en el que establece algunas soluciones al problema.

Las tecnológicas tendrán que pagar impuestos donde generen los beneficios

Mediante ingeniería fiscal, las grandes tecnológicas no están tributando todos los impuestos que deberían en España. De hecho, Forocoches paga más impuestos en nuestro país que Netflix y Facebook juntas, ahorrándose cientos de millones en impuestos al tributar en otros países europeos con una fiscalidad más beneficiosa, siendo las filiales de España meros intermediarias.

Con la tasa Google se quiere forzar a que las tecnológicas paguen impuestos por el dinero generado de manera directa de forma que no puedan escabullirse. Los países de la OCDE quieren implementar un impuesto en todos los países miembros para evitar que sea cada país el que lo haga. Este primer borrador será una base sobre la que se construirá este nuevo impuesto, donde destaca el hecho de que no será necesario que una empresa tenga presencia física en un país para pagar impuestos por su actividad, teniendo los países derecho a cobrar los impuestos necesarios aunque el servicio se preste desde el extranjero.

Las normas actuales por las que se grava a empresas como Google, Facebook, Amazon o Apple o Microsoft llevaban vigentes desde 1920, pero la globalización ha obligado a reformularlas por sólo tener en cuenta la presencia física. Lo que hacen las empresas tecnológicas es legal, pero el hecho de que declaren pérdidas cuando han generado ingresos por miles de millones de euros en países como España en un solo año demuestra que las cosas tienen que cambiar.

En enero de 2020 ya podría haber acuerdo sobre la tasa Google

Así, según la OCDE, “las empresas pagarán su parte justa de impuestos allí donde obtengan los beneficios y tengan lugar sus actividades. Los países que actualmente no pueden gravar a las grandes tecnológicas podrán hacerlo con esta nueva normativa”. Además, se plantea la creación de mecanismos de resolución de conflictos legales con los países.

El documento será sometido a consulta pública antes de que acabe el año, y se espera alcanzar un acuerdo en enero de 2020, en una normativa que afectará a más de 130 países, y donde se escuchará a gobiernos, empresas y a los ciudadanos para una fiscalidad justa.

El acuerdo es algo imprescindible por parte de la OCDE, ya que en el caso de que no se alcance un acuerdo en 2020, aumentará el riesgo de que muchos países (como España) apliquen el impuesto de manera unilateral, lo cual puede tener consecuencias negativas para la economía y para los ciudadanos. Empresas como Google se han mostrado favorables a un impuesto coordinado.