Anunciado anteriormente por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China, desde el 1 de diciembre, todo ciudadano chino que quiera contratar una nueva tarifa de teléfono, comprarse o renovar su tarjeta SIM, o simplemente quiera cambiarse de compañía, deberá pasar primero por un escáner de reconocimiento facial.

Aparentemente, este nuevo sistema de control está destinado a reducir los casos de fraude e impagos, pero el hecho de que se realice de forma conjunta con la propia entrega de los datos personales y bancarios, supone la eliminación progresiva y total de la libertad de utilizar los servicios telefónicos de forma anónima, y por consecuente, una nueva herramienta de control para el gobierno.

Aunque por el momento este tipo de prácticas no están aceptadas ni promovidas por el resto de países del mundo, ya hemos podido ver un primer uso de la tecnología de reconocimiento facial por parte de la policía de Estados Unidos, la existencia de un mercado ilegal para la venta de estos datos con escándalos como la fugazmente exitosa aplicación de FaceApp, y las crecientes propuestas de control para el uso de la web.

Además, un reciente informe publicado en Financial Times muestra que algunas de las grandes compañías con sede en el país asiático estarían proponiendo ya la implantación de un nuevo estándar de reconocimiento facial frente a la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas, lo cual, en el caso de ser aprobado, derivaría en su aplicación en la industria de las telecomunicaciones a escala mundial.

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